El juicio a Daniel Sancho en Tailandia ha llegado a su ecuador. Acabamos de cumplir dos de las cuatro semanas que conformaran todo el proceso judicial y, en todo este tiempo, la única certeza que tenemos es que no podemos tener ningún tipo de certeza; apenas se ha filtrado nada de lo que está ocurriendo y, echando un vistazo a los medios, parece que lo que realmente abundan son los bulos y las exageraciones. Y precisamente por eso, cuando se filtra algo de información veraz y contrastada, es cuando de verdad podemos hacernos una idea de lo que está pasando realmente.
Por un lado, Sancho está haciendo frente a una posible penal capital, cosa que pide la Fiscalía al considerar que acabó de forma premeditada con la vida de Edwin Arrieta. Y la familia del cirujano, por su parte, acaba de pedir este mismo viernes una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui.
Se duplica la indemnización
Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, abogados tailandeses de la acusación, han explicado a EFE que esta cifra se ha calculado con base al perjuicio económico que ha supuesto el fallecimiento de Edwin para sus padres que, al parecer, dependían de él. Esta información se ha presentado hoy ante el juez de cara al cierre del plazo de las acusaciones el próximo martes.
Una de las cosas que más ha llamado la atención es que esta petición de indemnización duplica a la que estimaron desde el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España. Ellos habían calculado 410.000 euros (unos 16 millones de bats) pero ahora, lo abogados tailandeses, han explicado que la han aumentado en previsión de que, finalmente, se pueda ver reducida por el juez a partir de la posible defensa de Sancho.
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A pesar de que este cálculo se ha hecho en previsión de lo que podría haber aportado Arrieta, de 44 años, a sus padres, lo cierto es que es bien sabido que Daniel es insolvente, por lo que no podrá pagar prácticamente nada a los familiares, le impongan la indemnización que le pongan. Así pues, esto prácticamente no es más que una cuestión simbólica.
Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años, dependían por completo de la economía de su hijo quien, al parecer, les mandaba unos 900 euros al mes para sus gastos. “Desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según declaró la familia en una anterior ocasión. Otra cosa a destacar es que ellos no podrán declarar finalmente en el juicio ya que el juez dictaminó que no podrían hacerlo mediante videoconferencia.
Fuente: As.
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