La situación económica y social de España en 2028 dependerá en gran medida de cómo evolucionen los factores externos e internos que afectan al país. Entre los primeros, destacan el contexto internacional, marcado por la recuperación de la pandemia, la tensión geopolítica, el cambio climático y la transformación digital. Entre los segundos, sobresalen las reformas estructurales, el uso de los fondos europeos, el equilibrio fiscal y la cohesión territorial.
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), España crecerá un 1,5% en 2023 y un 2% en 2024, superando el nivel de actividad previo a la crisis sanitaria. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se moderará en los años siguientes, situándose en torno al 1,7% anual hasta 2028. Esto supone que España seguirá siendo una de las economías más dinámicas de la zona euro, pero también una de las más vulnerables a posibles shocks externos o internos.
Entre los principales desafíos que tendrá que afrontar España en los próximos años se encuentran los siguientes:
– Reducir el déficit público y la deuda pública, que se han disparado por el impacto de la pandemia y las medidas de apoyo fiscal. El FMI estima que el déficit se situará en el 6% del PIB entre 2020 y 2028, mientras que la deuda alcanzará el 109,3% del PIB en 2028. Estos niveles son insostenibles a medio y largo plazo y limitan el margen de maniobra para afrontar futuras crisis o invertir en áreas estratégicas.
– Aprovechar los fondos europeos para impulsar la transformación productiva y la transición ecológica. España recibirá unos 140.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea entre 2021 y 2026, lo que supone una oportunidad única para modernizar su economía y hacerla más competitiva, innovadora y sostenible. Sin embargo, también implica un reto de gestión, ejecución y control para garantizar que los proyectos se realizan con eficacia y transparencia.
– Acometer reformas estructurales pendientes en el mercado laboral, el sistema de pensiones, la educación y la administración pública. Estas reformas son necesarias para mejorar la productividad, el empleo, la equidad y la calidad de los servicios públicos. Además, son requisitos para acceder a los fondos europeos y para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea.
– Fortalecer la cohesión territorial y el diálogo político. España afronta un problema de desigualdad territorial, tanto económica como social y política. La crisis catalana ha evidenciado las tensiones existentes entre el Estado central y algunas comunidades autónomas, así como entre diferentes territorios dentro de cada región. Es preciso buscar fórmulas de entendimiento y cooperación que respeten la diversidad y la pluralidad del país.
En definitiva, España tiene ante sí una década decisiva para consolidar su recuperación económica y social tras la pandemia y para afrontar los retos del futuro con confianza y ambición.
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